¿Cómo funciona la virtualidad en Colombia?
El principio de virtualidad en Colombia se refiere a un enfoque legal y administrativo que busca impulsar la modernización y la eficiencia en la gestión pública a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este principio se basa en la idea de que las TIC pueden agilizar los procesos, mejorar la transparencia y la accesibilidad, y optimizar la relación entre los ciudadanos y el Estado.
El principio de virtualidad se encuentra respaldado por la Ley 1437 de 2011, que establece las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y por otras regulaciones que promueven la digitalización de los trámites y la administración pública en general. Estos marcos legales fomentan la creación de plataformas digitales y sistemas de información que permiten a los ciudadanos interactuar con las entidades gubernamentales de manera más eficiente, así como acceder a información relevante de forma más ágil.
Además, este principio busca simplificar los procesos administrativos y judiciales, promoviendo la implementación de expedientes electrónicos, la realización de trámites en línea, y la digitalización de documentos, entre otros avances tecnológicos. Esto no solo contribuye a la eficiencia, sino que también reduce la burocracia y los costos, y facilita el acceso a la justicia y a los servicios públicos.
En resumen, el principio de virtualidad en Colombia aboga por la modernización y digitalización de la gestión pública para mejorar la eficiencia, la transparencia y el acceso a los servicios gubernamentales, promoviendo un gobierno más ágil y cercano a los ciudadanos a través de la tecnología.
En la actualidad se aplica la Ley 2213 de 2022 frente a este tema, la cual estableció de manera permanente la vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, adoptando medidas definitivas para implementar las tecnologías de la información en las actualizaciones judiciales, todo con el fin de agilizar y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de la Administración de Justicia.